Mercedes Alaya afirmó en 2014 que en Andalucía existía una red de clientelismo político propiciada por el partido en el poder, o PSOE, a propósito de los ERES y de los cursos de formación y la jueza que la sustituye, María Núñez Bolaños, por lo menos en lo que se refiere a los cursos de formación, le enmienda la plana archivando la pieza política de dichos cursos y critica la actuación del PP-A como parte personada y a la Unidad Central Operativa (UCO) por la instrucción del caso.
En el archivo de la causa ha coincidido con la petición de la Fiscalía Anticorrupción y con la afirmación de que no existía la red de clientelismo político, como sostuvo la juez que abrió la causa en 2014, Mercedes Alaya.
En su resolución, la instructora considera que “no revisten el carácter de delito” de malversación ni de prevaricación los hechos investigados sobre las “presuntas irregularidades” en la concesión, gestión, justificación y liquidación de los fondos públicos destinados a acciones formativas para el empleo entre los años 2009 y 2012.
Respecto a la inexistencia de la red de clientelismo político, la juez señala que de las más de 18.000 subvenciones otorgadas, el PP-A encontró que 39 empresas tienen alguna vinculación con el PSOE, lo que no resulta significativo para que el PP-A encuentre” esos vínculos con “ex miembros del Gobierno andaluz o del PSOE o familiares de éstos o amigos de éste o del familiar”.
El clientelismo le parece a la juez “poco probable, por no decir inverosímil”, que participaran en esa presunta trama de red clientelar tanto la dirección general de Formación como los delegados provinciales así como los funcionarios de los servicios centrales y de las delegaciones.
Respecto a las críticas a la Guardia Civil, la instructora alude al “error del que se parte cuando se dice por la UCO que una subvención no está justificada. Partiendo de dicho error todo lo demás no es sino redundar en nuevos errores”.
“El fraude no es sinónimo de prevaricación o de malversación”, dice la jueza, afirmando que “abrir una causa penal por delitos de prevaricación y malversación sobre la base de un fraude o de menoscabo de fondos públicos, asimilando los conceptos de fraude o menoscabo al de prevaricación o malversación, es contrario a derecho y al principio de legalidad”.
Por ello, la juez concluye que “investigar sobre la base de teorías o hipótesis formuladas por Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado que se sostienen en la existencia de irregularidades administrativas cuando, como hechos objetivables, sólo constan esas posibles irregularidades administrativas, podría suponer una vulneración de los principios de Legalidad, Seguridad Jurídica e Intervención Mínima del derecho penal”.
Nos quedamos a la espera de las declaraciones del PP andaluz y de la que ha creado este embrollo que, por lo menos, pretende servir de cortina de humo a las corrupciones de las que los telediarios nos dan todos los días y a todas horas cumplida cuenta.
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