Aunque
no me gusta, empleo el término "lío", igual que nuestro presidente ha
hecho en su reciente viaje a China, seguramente en su afán de quitarle
importancia al desafío, a la amenaza de escisión del Estado de la región
catalana. En todo caso se trataría de un lío, de un embrollo mayúsculo
en el que todos los 47 millones de españoles nos jugamos tanto y que no
dejan de preguntarse qué haría el Gobierno Central si Mas y sus
colaboradores -prefiero llamarlos así antes que "secuaces" como hace
Carlos Herrera a cada momento- continuasen adelante con la aventura en
la que han embarcado al pueblo catalán. Esto ya sería un futurible
aunque muy cercano en el tiempo, es decir, en un futuro inmediato condicionado,
que no será con seguridad, sino que sería si se diese una condición
determinada, es decir, que llevaran a cabo una insumisión civil, al
estilo de Kosovo, que no se sabe cómo pararía el Gobierno central siendo
como somos un país civilizado dentro de la Unión europea, muy lejos de
los procedimientos de Ucrania o Siria, por ejemplo...
Creemos
por tanto, dentro del futurible que planteo, que el Gobierno central
no actuaría nunca contra la población civil, o combatiría sus desmanes
con los procedimientos -antidisturbios- reservados a las asonadas o
excesos huelguísticos, y sí contra los dirigentes cuya cabeza visible es
Artur Mas, cada vez huyendo más hacia adelante.
Así pues si Mas sigue desobedeciendo la ley ha de entrar en juego el Fiscal General del Estado,
para que se le aplique el artículo 410: "Las autoridades o funcionarios
públicos que se negaren abiertamente a dar el debido cumplimiento a
resoluciones judiciales, decisiones u órdenes de la autoridad superior
dictadas dentro del ámbito de su respectiva competencia y revestidas de
las formalidades legales, incurrirán en la pena de multa de tres a doce
meses e inhabilitación especial para empleo o cargo público por tiempo
de seis meses a dos años"
También
a Mas se le puede acusar de prevaricación. El artículo 404 nos dice: "A
la autoridad o funcionario público que, a sabiendas de su injusticia,
dictare una resolución arbitraria en un asunto administrativo se le
castigará con la pena de inhabilitación especial para empleo o cargo
público por tiempo de siete a diez años"
Y
como Mas y sus socios están induciendo a la población a alzamiento
público o tumultuario para impedir la aplicación de la ley, puede ser
acusado de sedición, la que el artículo 544 castiga con penas de 10 a 15
años.
Y
como están gastando en la Generalidad dinero público para fines
ilícitos, también va a ser acusados, previsiblemente de malversación,
algo que recoge el artículo 433: "La autoridad o funcionario público que
destinare a usos ajenos a la función pública los caudales o efectos
puestos a su cargo por razón de sus funciones, incurrirá en la pena de
multa de seis a doce meses, y suspensión de empleo o cargo público por
tiempo de seis meses a tres años"
Y sobre todo Mas y Junqueras están pidiendo a gritos que el Estado recurra al artículo 155 de la Constitución Española que
prevé la suspensión de la autonomía, al menos por una temporada.
Mientras tanto que estudien fórmulas para que esos descontentos se
encuentren a gusto por lo menos 30 años más. Luego, ya se verá...
Futuribles en el lío catalán
