El Tribunal Supremo obliga a la Generalitat a cumplir la Ley de Política Lingúística

En 1998, Convergencia y Unió (CiU), imitando a sus homólogos nacionalistas del PNV, haciendo gala de una deslealtad a la Constitución que ya se está haciendo proverbial en estos partidos periféricos y centrífugos, dejó de cumplir el artículo 21.2 de la Ley de Política Lingüística por omitir en el modelo de prescripción que se entrega a los padres las preguntas dirigidas a conocer la lengua habitual de los niños.

Unos años más tarde,  el 14 de septiembre de 2004,  el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC),  obligó a la Conselleria de Educación de la Generalitat a consultar la lengua habitual de la familia o tutores de los menores en la preinscripción escolar y tenerla en cuenta en la enseñanza de Infantil y Primaria, según la Ley de Política Lingüística.

Ahora, en los albores de 2009, El Tribunal supremo le da la razón al TSJC  y obliga a la Generalitat a  que cumpla la Ley de Política Lingüística , aunque no dice nada de que ésta pague por los daños y perjuicios de todo tipo que tal decisión, diez años atrás, ha podido provocar en los damnificados.

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