Sin ir más lejos ayer escuchamos a Carlos Fernández Villarejo, ex fiscal español anticorrupción, decir que era muy lamentable y preocupante que un sector de la judicatura se hubiese alineado descaradamente con la derecha y secundara sus fines espúreos: “La extrema derecha española ha conseguido poner a su servicio a una parte de la magistratura. Es así. Seis magistrados del Tribunal Supremo y cinco vocales del Consejo General del Poder Judicial, lo cual ya es gravísimo en sí mismo”. Atribuyó la situación de Garzón a actitudes “de recelo, de envidia, de venganza”.
La Unión Progresista de Fiscales (UPF) siguió la estela de Jueces para la Democracia y aseguró que sentar a Garzón en el banquillo por investigar los crímenes del franquismo supone “criminalizar la discrepancia jurídica”.
El portavoz parlamentario del PSOE, José Antonio Alonso, pidió respeto a las instituciones judiciales que tienen que decidir si expulsan a Garzón de la Audiencia Nacional, pero dijo que el magistrado es “un profesional decente” al que deseó “que le vaya lo mejor que le pueda ir en este trance” y el coordinador de Izquierda Unida, Cayo Lara, manifestó en nombre de toda la organización su “completa solidaridad” con el magistrado de la Audiencia Nacional y denunció la “terrible paradoja” que puede producirse si Garzón acaba siendo juzgado. Tras expresar su escrupuloso respeto al Tribunal Supremo, no dejó de valorar que se haya permitido que llegue hasta aquí la persecución al magistrado”.
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