Al parecer
no hay en España una norma escrita y clara que regule los pinchazos telefónicos para obtener una información que
los sospechosos de quebrantar la ley
no van a dar motu
proprio sobre todo con la legislación vigente
que le da al detenido el derecho a permanecer callado o a no declarar en su contra:
ahora mismo ignoramos si les está permitido mentir sin cometer un acto
delictivo, como sí les ocurre a los testigos.
Al parecer,
si no existe esa norma todo queda al
libre albedrío de sus señorías en los tres casos que ahora mismo me vienen a la
memoria en que los acusados, o de
crímenes o de delitos económicos, son medidos con distintas varas
según el juez que les haya tocado en suerte o desgracia. Todo ello da
lugar a tantas suspicacias como casos y a que la confianza en el poder judicial se vaya deslizando por las laderas del descrédito más absoluto: el vulgo cree poco en la justicia porque
dicen que sólo pisa la cárcel el
delincuente de medio pelo, el ladrón de gallinas o el de
los pequeños hurtos, sobre todo cuando estos se suman. Los ladrones de cuello
blanco, de grandes sumas, con conexiones con el Poder,
difícilmente son enchiquerados porque son defendidos por los
grandes bufetes de
picapleitos.
En el caso de
Marta del Castillo SI han estado autorizadas las
escuchas telefónicas:
“Las intervenciones telefónicas a los imputados
llevaron el jueves pasado a un registro del domicilio de Samuel B.P.,
amigo del asesino confeso que está acusado de ayudarle a deshacerse del
cuerpo de Marta,
Tags: poesia, sociedad
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